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Viernes, 27 Febrero 2015 - Mapa del sitio
MinTrabajo en medios 2015

El programa de 'primer empleo' ha tenido buena acogida

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favicon portafolioPor ahora, se han postulado 347 empresas que buscan 4.300 jóvenes. La convocatoria va hasta abril 15.

Un total de 347 empresas se han postulado para el programa con el cual el Gobierno busca ofrecer 40.000 primeros empleos a bachilleres, tecnólogos y profesionales sin experiencia

Esta estrategia consiste en que del Presupuesto Nacional se pagan los primeros seis meses de salario –el cual oscilará entre el mínimo y 850.000 pesos–, con la condición de que el contrato se haga mínimo por un año al 60 % de los vinculados.

Las inscritas hasta ahora están requiriendo más de 4.300 jóvenes. Según el viceministro de Empleo y Pensiones, Luis Ernesto Gómez, la mayor cantidad son pequeñas y medianas industrias, procedentes sobre todo de Bogotá, Antioquia y Valle del Cauca.

Por su parte, el ministro del Trabajo, Luis Eduardo Garzón, hizo un llamado a todos los empresarios del país para que inscriban sus vacantes y participen de este plan que busca hacerle frente a uno de los principales escollos que encuentran los jóvenes del país al momento de buscar trabajo: la falta de experiencia.

Los interesados pueden reportar sus vacantes a través del Servicio Público de Empleo (SPE) hasta el 15 de abril y a partir de esa fecha se abrirán las inscripciones para las personas de entre 18 y 28 años de edad, que son los potenciales beneficiarios.

 

Con drones detectan minas y fumigan cultivos en Antioquia

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favicon caracol radioJóvenes emprendedores protegen así la vida humana, en estas actividades de alto riesgo en zonas del departamento.

El ministro de Trabajo, Luís Eduardo Garzón, en Apartadó, Antioquia, se llevó una sorpresa al encontrar un grupo con jóvenes emprendedores del Sena que crearon drones, con lasherramientas necesarias para detectar minas antipersonal, sin poner en riesgo la vida de las personas.

 

'No habrá subsidios para las petroleras'

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favicon eePara Luis E. Garzón, la agroindustria es una opción laboral decente en medio de esta coyuntura. "La crisis es una oportunidad para generar formas creativas de empleo", dice.

El ministro de Trabajo, Luis Eduardo Garzón, asegura que no habrá subsidios para las empresas del sector y que se están buscando medidas alternativas para evitar que las firmas corten "por el lado más frágil".

La caída de los precios del petróleo generó una inminente crisis en el sector de hidrocarburos y en las cuentas nacionales. ¿También estamos ante una crisis laboral?

Hay conatos de crisis laboral como consecuencia de que muchas de estas empresas están advirtiendo que hay un riesgo enorme como consecuencia de la caída de los precios. Si bien todas las empresas han decidido modificar sus presupuestos bajando inversión, como el caso de Ecopetrol, que se han bajado en un 30%, eso no quiere decir que la solución sea por la parte más frágil, que siempre es "botemos trabajadores". No es justo. Haré todo lo posible para que la reducción de costos sea buscando alternativas. Ya cuando lleguemos a que es inevitable, pues lo miraremos

 

Cajas de compensación quieren llevar servicios a trabajadores rurales

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favicon eltiempoDirector de Misión Rural dice que han demostrado ser eficaces en prestación de servicios sociales.

En todas las actividades que se desarrollan en el campo colombiano predomina la informalidad; los trabajadores no tienen cómo cotizar a las cajas de compensación.

Es necesario encontrar la forma en que el Estado colombiano puede utilizar a las cajas de compensación familiar como "agentes de la política social, como ya lo ha hecho en varios casos", y cómo pueden hacerlo en las zonas rurales colombianas.

El llamado lo hizo el varias veces ministro y actual director de la Misión Rural, José Antonio Ocampo, quien dijo que las cajas han mostrado ser unas instituciones eficaces para prestar una gran cantidad de servicios a los trabajadores.

Esa labor, sin embargo, ha estado limitada a los trabajadores formales, que se desenvuelven en las áreas urbanas, pero ahora tendrían el reto de llegar con su conocimiento y experiencia a la ruralidad colombiana y, dijo Ocampo, como parte del ejercicio de paz del país.

Dentro de la iniciativa del gobierno de Juan Manuel Santos y de su ministro del Trabajo, Luis Eduardo Garzón, de focalizar la actividad de las cajas de compensación, y el objetivo de la Misión Rural de recomendar políticas públicas para el desarrollo del campo, el también exdirector de Planeación Nacional ha emprendido un diálogo con diferentes sectores, entre estos las cajas de compensación.

Ocampo es un convencido de que las cajas pueden extender sus servicios sociales a la ruralidad colombiana, "donde no ha primado el trabajo formal y, por lo tanto, la afiliación al sistema (de las cajas) es muy bajo".

No obstante, reconoce que, de aceptar ese desafío, las cajas enfrentan dos grandes dificultades: la primera es el altísimo grado de informalidad en el campo colombiano, cuya mayor parte de ocupados son trabajadores por cuenta propia (campesinos independientes) de muy bajos ingresos, que no pueden cotizar.

El segundo obstáculo, indicó el profesor de la Universidad de Columbia (Nueva York), es de localización y la gran dispersión de sus potenciales beneficiarios, pues, explicó, hay ciertos servicios que requieren de determinada escala para prestarlos, como los de mercadeo, pero podría mirarse la viabilidad en áreas como nutrición o capacitación, entre otras.

La respuesta de Asocajas (gremio de las cajas de compensación) fue inmediata: el presidente de su junta directiva, Armando Garrido, dijo que sus asociados "tienen la voluntad y están en capacidad de ampliar su cobertura al sector rural, pero hay que flexibilizar la normatividad".

Como ejemplo de flexibilización normativa, Garrido mencionó la cuota monetaria, la empresarialidad y el emprendimiento, los subsidios para vivienda social, que han sido pensadas para los trabajadores formales de las zonas urbanas y no para el campo.

En el diálogo con Ocampo, un asesor de Asocajas insistió en la necesidad de que el aporte del 4 por ciento sobre la nómina que hacen las empresas se destine a los trabajadores afiliados; actualmente, dijo, cerca de un billón de pesos va a la atención de poblaciones no afiliadas (niñez, desempleo, salud). Esta obligación, agregó, debería ser asumida por el Gobierno.

Una sentencia a su favor

Este lunes, la Corte Constitucional declaró inexequible el artículo 81 de la Ley 1687 del 2013, que incorporó los aportes parafiscales de las cajas en un presupuesto que debía contar con la aprobación del Confis.

El presidente de Asocajas, Álvaro José Cobo, celebró el fallo de la Corte que –dijo– confirma que las cajas no pueden ser estatizadas, ni incluidas en normas relacionadas con el presupuesto general de la nación y/o presupuestos públicos, dada su naturaleza jurídica privada, así como la prestación social llamada subsidio familiar que ellas administran.

 

La difícil tarea de impedir que se saquen las cesantías con mentiras

E-mail Imprimir PDF

favicon el colombianoMientras se acaba el plazo para que las consignen los empleadores, miles de trabajadores ya piensan la excusa para retirarlas. Ilustración Eugene Ivanov

EN DEFINITIVA

Empleadores ni trabajadores

tiene excusa válida para saltarse casos específicos en que la ley autoriza retiros parciales de un auxilio creado para sobrellevar los crudos periodos sin empleo.

Mañana es el último plazo para que los empleadores consignen el auxilio de cesantía, correspondiente a 2014, en las cuentas individuales de sus empleados afiliados a uno de los cuatro fondos privados (Protección, Colfondos, Old Mutual o Porvenir) o en el estatal Fondo Nacional de Ahorro (FNA).

Mientras tanto, muchos de los 7,3 millones de trabajadores que les cumplen con este derecho laboral en el país esperan con ansias, al fin, poder retirar todo o una parte de ese salario adicional por el último año, o fracción de este, laborado.

Seguramente, unos las destinarán a vivienda o educación, los dos usos permitidos por ley para el retiro parcial de este auxilio que, en esencia, está concebido como ahorro o "colchón" para los periodos de desempleo (ver recuadro).

Pero también muchos otros se frotan las manos porque no lo entienden como un ahorro de largo plazo, sino como ingreso extra del año pasado. Así podrán salir de una "culebra" (deuda) que les quita el sueño; pagar el viaje de las vacaciones pasadas o las que vienen; hacerse la cirugía plástica que tanto quieren; comprar la moto que ya tienen vista; ajustar la cuota inicial para estrenar carro; y hasta terminar de comprar útiles y libros escolares de los hijos, porque la fiesta de diciembre les dejó resteados los bolsillos.

Esas y más destinaciones no permitidas por la ley han detectado asesores de administradores de fondos de cesantías (AFC) consultados por EL COLOMBIANO. ¿Pero cómo es posible? La malicia da para todo y puede explicar, en parte, que un promedio del 70 por ciento de las cesantías consignadas en esta temporada se retiren entre febrero y abril.

Es más, solo en las AFC privadas, los retiros totalizan 24,86 billones de pesos en la última década (a valores presentes): 9,72 billones de pesos por terminación de contrato, 4,55 billones para comprar vivienda, 6,63 billones más para mejorarla, 1,85 billones para educación y 2,2 billones en otro tipo de retiros autorizados, según la Asociación Colombiana de Administradoras de Fondos de Pensiones y de Cesantía (Asofondos) –ver gráficos–.

Mil y una marrullas

Esos montos dan para pensar que Colombia es un país de propietarios, buenas condiciones habitacionales y alta tasa de población con educación superior, pero los indicadores oficiales arrojan lo contrario, y en ello debe tener su cuota la argucia que entra en escena para retirar las cesantías.

Está el empleado con dotes de actor. Llega con cara angustiada a donde el jefe y le cuenta su historia calamitosa, lo conmueve. El empleador cura su conciencia dándole una carta falsa de culminación de contrato. Y listo, va y retira a la AFC: ya hay con qué pagar el viaje de quince de la hija o para disfrutar en familia del mar de San Andrés.

También aparece el trabajador que al fin cumple su sueño de comprar casa, todo un ejemplo de ahorro y superación. Basta una falsa promesa de compraventa de lote o vivienda y tiene luz verde de la empresa para retirar, pero lo cierto es que podrá pagar los dos arriendos que debe luego de la parranda de fin de año.

Y está el otro trabajador con dotes de constructor. Como en años pasados, le dio por remodelar la casa, y llega con la cotización de la ferretería X o el depósito de materiales Y para cambiar cocina, pintar por dentro y por fuera y por enésima vez cambiar sanitario. Todo un maestro de obra, y para mentir.

Incluso se ha detectado al "chanchullero" que, sin escrúpulo , negocia con el compañero de la oficina de Personal para que le firmen la carta, retira y luego, por el favor recibido, le pasa "la liga" al cómplice.

Y así hay más historias de subalternos que a este punto son vistos como "pobrecitos" por sus jefes, urbanizadores en potencia que van por la cuarta casa propia, y los que, a este paso, ya deben tener siete baños en la casa que mantienen como nueva. En el caso de la educación, la exigencia del recibo de la matrícula y el giro directo de la AFC a la institución de educación superior, limita esa vía para los empleados marrulleros.

¿Quién controla?

Lo cierto es que la platica de las cesantías son el único ahorro para millones de trabajadores, en la ciudad y el campo, teniendo en cuenta que cerca de un 83 por ciento del total de los afiliados a AFC ganan menos de dos salarios mínimos.

El decreto 2076 de 1967 dispone que el empleador sea el que vigile la destinación de los retiros parciales de cesantías en los casos permitidos, pero se limita a exigir el documento probatorio, mas no tiene el deber legal de verificar su autenticidad.

Por eso para el trabajador que le hace esguince a la norma, se queda en mero formalismo que la empresa le exija el certificado de Libertad y Tradición del inmueble, con fecha de expedición no mayor a sesenta (60) días; promesa de compraventa registrada y autenticada; certificado del crédito hipotecario actualizado con el saldo de la deuda y en que figure el afiliado, su cónyuge o ambos; fotocopia del recibo donde conste el valor a pagar del impuesto predial o de valorización; y el certificado de matrícula, en caso de retiros para estudio.

"En el caso particular de vivienda, vemos que sólo se exigen las copias de los recibos en que consten los pagos hechos por mano de obra y compra de materiales. Por eso es importante promover ajustes adicionales a la regulación en relación con esta causal específica y se compruebe que estos recursos si van a la mejora de vivienda", considera Santiago Montenegro, presidente de Asofondos.

Pero desde la competencia de los fondos privados, el FNA, su presidente Augusto Posada Sánchez, considera que no es con normas que se puede conllevar a un mejor uso de las cesantías y sus retiros parciales.

"Lamentablemente, hecha la ley, hecha la trampa. Es un asunto más cultural en que debe procurarse un cambio cultural en el manejo de las cesantías, y dar los estímulos indicados, como lo hicimos al retirar la permanencia mínima para solicitar crédito de vivienda", afirma el funcionario.

Consultado sobre el tema, el Ministerio del Trabajo respondió por escrito que "es obligación del empleador, contando con el apoyo del fondo de cesantías respectivo, velar por la correcta destinación de los dineros otorgados parcialmente como auxilios de cesantías".

Por tanto, salva su responsabilidad frente retiros inadecuados, apelando al "principio de la autonomía" que se aplica en los contratos de trabajo a la hora de llegar a acuerdos que regulen la relación laboral.

Pero esa cartera sí reconoce el ejercicio de inspección laboral, vigilancia y control para que los empleadores cumplan las normas relacionadas con las cesantías. En el último año aplicó 43 sanciones, 23 en apelación, por un valor de 375,16 millones de pesos debido al no pago de cesantías, de los intereses causados o por no consignar la obligación.

Además, que las empresas incumplan con cualquier asunto asociado al derecho laboral del auxilio de cesantías puede salir caro. Las empresas se exponen a multas entre uno y cinco mil salarios mínimos, según la gravedad de la infracción, mientras subsista.

Buen ejemplo de pocos

En todo caso, hay compañías, especialmente las más grandes y con un departamento de gestión humana consolidado, que hacen seguimiento a los retiros de cesantías. Apelan a visitas domiciliarias para verificar las mejoras hechas en la vivienda, exigencia de la escritura de la nueva casa o las calificaciones del empleado o beneficiario que cursa estudios superiores.

Incluso para ofrecer ayudas extralegales en compra de materiales, definir el lote para construir, facilitar la financiación de la nueva vivienda o subsidiar el estudio de su empleado. Pero estas buenas prácticas están lejos de ser la norma general, advierte Iván Arenas Jaramillo, presidente de la Federación Colombiana de Gestión Humana (Acrip).

Para él es loable que alguna empresas "generen estímulos por su propia cuenta para que el trabajador deje las cesantías para lo que son, pero esa es una carga difícil de llevar para las empresas, con altos costos de personal, sumado a impuestos y demás".

Al final, que se hagan ajustes normativos o campañas de formación más intensas en manejo de finanzas personales ayudarán a que, especialmente las nuevas generaciones, comprendan que las cesantías no son un salario adicional, y más, con la inestabilidad laboral del mercado de trabajo colombiano..

CONTEXTO DE LA NOTICIA

¿CÓMO FUNCIONA?CONDICIONES PARA RETIROS PARCIALES

El Ministerio del Trabajo es enfático en precisar que son contadas las excepciones a la regla general de liquidación y entrega del auxilio de cesantía a la terminación del contrato de trabajo. La legislación permite que el trabajador pueda solicitar un retiro parcial para: compra de vivienda con su terreno, o solo el lote; construcción de vivienda, cuando se haga sobre una propiedad del trabajador interesado o de su cónyuge; ampliación, reparación o mejora de la vivienda de propiedad del trabajador o de su cónyuge; liberación de gravámenes hipotecarios o pago de impuestos que afecten la casa o el terreno edificable de propiedad del trabajador o de su cónyuge; adquisición de títulos sobre planes de los empleadores o de los trabajadores para construcción de vivienda, contratados con entidades oficiales o privadas; y para la financiación de estudios superiores del trabajador, su cónyuge, compañera o compañero permanente y sus hijos.

 


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