Factores que Pueden Incidir en la Conflictividad en 2018

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Para 2018 se estima que se van a presentar una serie de hechos de conflictividad, dada la evolución de varias circunstancias que pueden definirse como factores que pueden incidir en la misma. Señalamos a continuación los más importantes, haciendo una pequeña referencia a cada uno de ellos.

  1. Derechos Humanos. Protección a líderes sociales y garantías de seguridad territorial. Desde el año anterior y más concretamente desde la firma de los acuerdos de la Habana con las desmovilizadas FARC, han ocurrido una serie de homicidios que han afectado, principalmente, a dirigentes y líderes sociales. En lo corrido de 2018 se estima en 30 el número de dirigentes que han sido objeto de acciones que les han costado la vida y se afirma que Colombia cerró el 2017 con 170 muertes de líderes sociales y defensores de paz, según el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz). Según la misma organización, 205 líderes sociales, campesinos y defensores de derechos humanos han sido asesinados en Colombia desde el comienzo de la implementación de los Acuerdos de Paz, es decir, en los últimos 15 meses. Cauca (41), Nariño (31), Antioquia (28), Valle (14) y Chocó (12) son las zonas del país que más homicidios a líderes han registrado desde diciembre del 2016. Algunos de los líderes contaban con alguna medida de seguridad bajo la responsabilidad de la Unidad Nacional de Protección -UNP-, con lo cual las protestas se dirigen contra este ente gubernamental. De otro lado, los hechos ocurren en espacios específicos -territorios- en los que actuaron las las FARC y que debían ser copados por las fuerzas institucionales para evitar que a los mismos concurran otras organizaciones ilegales cualquiera que sea su naturaleza. Las organizaciones sociales y las comunidades protestas por la ausencia del estado y del gobierno que no evita la ocurrencia de hechos de esta naturaleza. De continuar la tendencia de atentados y homicidios y los precarios resultados de las investigaciones sobre su ocurrencia, los colombianos vamos a presenciar movilizaciones y protestas de comunidades y organizaciones sociales relacionadas con estos hechos.
     
  2. Acuerdos suscritos en desarrollo y no cumplimientos (21 mesas nacionales). Si bien el gobierno ha hecho grandes esfuerzos por prevenir la ocurrencia de expresiones comunitarias de protesta y ha tenido relativo éxito en la denominada “acción preventiva” que ha logrado disuadir a los dirigentes para que no lleven a cabo movilizaciones, como que de 8 paros nacionales solo 4 tuvieron lugar y de 14 paros regionales programados solo 2 se llevaron a cabo (Tumaco y Buenaventura), en 2018 vamos a asistir a un gran número de eventos que van a tener como fundamento el incumplimiento a acuerdos hechos y firmados. Este es el argumento que están esgrimiendo organizaciones como las de los camioneros, el magisterio, los indígenas y comunidades relacionadas con empresas del sector minero energético para llegar a las vías de hecho, no siempre pacíficas, afectando la movilidad urbana e intermunicipal o mediante plantones, tomas o marchas ciudadanas.
     
  3. Nivel de implementación de los acuerdos con la FARC. Una de las características de los acuerdos de La Habana es que parte de su contenido apunta a resolver problemas de sectores sociales marginados o de zonas o regiones en las cuales la ausencia del estado y del gobierno ha sido notoria. De otra parte, es conocido que, a pesar de la generosidad del contenido de los acuerdos, sectores de algunos frentes de la guerrilla no los aceptaron y, en consecuencia, no se acogieron a los mismos. Estos grupos de personas que se conocen como “disidentes”, continúan llevando a cabo acciones delictivas que afectan a la población civil y son generadores de hechos de conflictividad.
     
  4. Desarrollo de la negociación con el ELN. La terminación el 9 de enero y la no prolongación del “cese al fuego” pactado entre el gobierno y la guerrilla del ELN ha significado que se reanuden las acciones ofensivas de la organización guerrillera contra la población civil y la infraestructura económica del país. En efecto, ataques a los oleoductos y a las torres de energía, atentados contra miembros de la fuerza pública y, lo peor, asesinato de civiles y aún de desmovilizados de las antiguas FARC, intento de reacomodo militar en las zonas abandonadas por las FARC después de la firma de los acuerdos y alianzas con bandas criminales organizadas no solo han impedido la reanudación de las conversaciones con el grupo, sino que han producido hechos de conflictividad en varias zonas del país que van a continuar desarrollándose, ante la falsa creencia de los mandos del ELN sobre  que más acciones terroristas presionarán  al gobierno para reiniciar los diálogos en su quinto ciclo.
     
  5. Desarrollo del Programa de sustitución de cultivos ilícitos. Las presiones de las organizaciones criminales que se dedican a los cultivos de uso ilícito sobre las comunidades que han firmado con el gobierno convenios o acuerdos para la sustitución  de los cultivos, impidiéndoles desarrollar su trabajo y, en otros casos, las dificultades que ha enfrentado el propio Gobierno para disponer de recursos de manera oportuna, han sido el detonante para las protestas de las comunidades comprometidas en el proceso, que no ven una salida real al problema de generación de recursos.
     
  6. Desarrollo de las elecciones de presidente y de congreso. La polarización que se ha generado en el país entre las diferentes organizaciones políticas que disputan  la presidencia y los escaños de senado y cámara, que tendrán lugar en el presente  año, podrían estar enmarcadas en expresiones ciudadanas con algún grado de conflictividad,  como  las que ya se han presentado en departamentos como el Quindío y Valle del Cauca, hechos  que motivaron la suspensión de la campaña electoral por parte de la FARC, partido político que aglutina a los firmantes del acuerdo de paz de La Habana.
     
  7. Garantías de los derechos de las víctimas.
     
  8. Eventuales conflictos fronterizos. La masiva llegada de ciudadanos venezolanos a las ciudades de frontera, especialmente Cúcuta, Arauca y Maicao, han agravado la situación de desempleo, inseguridad y auge de la informalidad y, en algunos casos, han propiciado enfrentamientos con los informales nacionales que ven cómo se pierden sus mecanismos de generación de ingresos, así sean precarios. La anterior situación puede llevar a que se incremente la inseguridad ciudadana y los reclamos comunitarios, organizados o no, como una muestra de conflictividad sociolaboral.
     
  9. Demandas permanentes de las comunidades en temas de medio ambiente, tierras y territorio, sector agrario, salud, transportes, servicios públicos y problemáticas urbanas. A pesar de la disminución de la presión social y las protestas contra la concesión de licencias y el desarrollo de la actividad minero-energética y de las “consultas mineras”, por razones presupuestales, que tienen como propósito la prohibición de la actividad minera en regiones específicas,  es evidente su realización, o el incremento de las acciones de protesta  de las organizaciones indígenas por la tierra o la de, cada vez más amplios sectores campesinos, en procura de su “reconocimiento” como sector social específico.  De igual manera, es probable encontrar a lo largo del año manifestaciones y hechos de protesta en el transporte de carga o en el sector de la educación o la salud denunciando los problemas que los afectan o los incumplimientos del gobierno a acuerdos hechos para superar protestas de años anteriores.
     
  10. Crecientes movimientos regionales contra el desarrollo minero-energético en el marco de la conmemoración de los 100 años de actividad petrolera. Las conclusiones de la Segunda Asamblea por la Paz llevada cabo a finales de 2016 y organizada por la USO, que demanda la elaboración compartida de una nueva Ley Orgánica de Hidrocarburos, podría originar en 2018, en el marco de la fecha señalada, el desarrollo de movilizaciones obreras y ciudadanas en procura de ese gran objetivo, generando hechos de conflictividad, que afectarían la industria del petróleo.
     
  11. Negociaciones colectivas en el Banco de la República y en la USO que, si no logran llegar a acuerdos en los tiempos legales previstos, pueden significar paros o huelgas como expresiones de conflictividad

Ejes de Conflictividad

La anterior descripción de elementos que pueden generar hechos de conflictividad puede agruparse para su estudio y tratamiento en los siguientes ejes:

  • Cumplimiento de acuerdos
  • Minero-energético
  • Agropecuario
  • Educación
  • Salud
  • Demandas urbanas

Recomendaciones

A todas las instituciones de gobierno con responsabilidades en los temas descritos, hacer seguimiento a los problemas que le son propios en sus relaciones con los sectores poblacionales con los que interrelacionan para llevar a cabo gestión preventiva de conflictos.

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