'Hay personas que amanecen enguayabadas y les dan incapacidad'

Fecha de publicación: 2019-06-02

"Un director en el mismo Ministerio del Trabajo lleva cuatro años de incapacidad. Hay personas que amanecen enguayabadas, van a urgencias y les dan incapacidad”. 

Este tipo de situaciones anómalas descritas por la ministra del Trabajo, Alicia Arango, prendieron las alarmas y están llevando a apretar clavijas para ponerle freno al creciente fenómeno de las incapacidades, cuyos costos están sobrepasando todas las cifras presupuestadas para atenderlas.

Las estadísticas muestran que, entre enero y noviembre del 2018, la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres) giró 720.000 millones de pesos a las EPS por ese concepto. De acuerdo con los datos de Fasecolda, gremio de aseguradoras, entre el 2009 y el 2017 se otorgaron 2’651.595 incapacidades, el mayor volumen de las cuales 60,9 % fueron de 1 a 10 días.

Si bien la ausencia de un trabajador por imposibilidad de desempeñar su laboral durante un tiempo determinado es un derecho fundamental, el incremento que año a año están teniendo las incapacidades, en solicitudes y en costos para el sistema, “podrían constituir –en algunos casos– un abuso del derecho del trabajador que las utiliza para realizar diligencias personales, como viajes nacionales o internacionales, y no en la recuperación de su estado de salud”, advirtió la ministra.

Las señales de fraude en la obtención de este beneficio que solo tienen los empleados formales viene de tiempo atrás. El gremio de empresas de medicina prepagada, Acemi, registra que en el 2016 se presupuestaron 650.000 millones de pesos para cubrir el pago de estas obligaciones, pero el costo total alcanzó los 842.000 millones, es decir, se generó un déficit de casi 200.000 millones.

En ese mismo año, según recordó la ministra Arango, se generaron 11.000 órdenes diarias de incapacidad que en el total anual sumaron 26 millones de días de incapacidad en Colombia, con 8 millones 300.000 afiliados al sistema. “Eso no puede ser posible, algo está fallando. Más aún, si las estadísticas muestran que 45 por ciento de quienes se enferman son hombres de 20 a 29 años, principalmente lunes y viernes, y en julio y diciembre”. 

Los empleadores, a través de una reciente investigación de la firma ManpowerGroup Colombia, especialista en recurso humano, mostraron ser conscientes de la existencia de irregularidades, pero dicen estar con las manos atadas, debido a la estabilidad ocupacional reforzada en salud (Eors). “El 87 por ciento de empresas encuestadas manifestó tener casos de Eors que, por justa causa, debía despedir en los últimos 3 años y que por la protección no lo pudo hacer”, señala la firma. 

Según el estudio, 52 por ciento de empresas han detectado “uso de documentación falsa, exageración de síntomas o manipulación indebida para lograr protección”.

Los médicos también están en medio de esta situación. Arango citó hallazgos de otros estudios de ManpowerGroup de acuerdo con los cuales “habría negocios de venta de incapacidades, por sumas que ascienden a los 300.000 pesos si se expiden por 30 días”.

Las consecuencias de estos actos, aunque se cometen de forma individual, tienen hondas repercusiones para la sociedad, pues el costo financiero recae sobre la decisión de generar más empleo y formalidad. Así, mientras la Organización Mundial de la Salud (OMS) calcula que las incapacidades otorgadas de manera irregular tienen mucho que ver con que “el sector salud malgasta entre 20 y 40 por ciento de recursos”, el 67 por ciento de las empresas encuestadas por ManpowerGroup y el 73 de las más grandes afirmaron que generarían más empleo formal si no fuera por el costo improductivo de la Eors. 

De ahí, la preocupación del Ministerio del Trabajo que, según dijo Arango, “observa cómo el creciente fenómeno de las incapacidades temporales afecta la productividad laboral del país, la sostenibilidad de las empresas y los recursos públicos de la seguridad social, siendo preocupante la utilización de incapacidades falsas y las manipulaciones fraudulentas para lograr su obtención por parte de los médicos tratantes que, en algunas ocasiones, son engañados en su acto médico”.

Para Arango, estos hechos son “un escándalo”, por lo que anunció que “continuaremos trabajando con el Ministerio de Salud y con las ARL en acciones conjuntas que nos permitan enfrentar esta problemática”.

Habría negocios de venta de incapacidades, por sumas que ascienden a los 300.000 pesos

Así se está poniendo la lupa al fraudeTres preguntas a Alicia Arango, ministra de Trabajo

¿Cuándo es legal una incapacidad y qué sanciones hay por hacer trampa?

Una persona puede tener una incapacidad de origen laboral, según los artículos 2 y 3 de la Ley 776 de 2002, o de origen común, según artículo 206 de la Ley 100 de 1993. Para el control de incapacidades fraudulentas se expidió el Decreto 1333 de 2018, que sanciona el abuso del derecho en esta materia. La utilización de incapacidades engañosas se constituye en justa causa para dar por terminado el vínculo laboral por no acatar las normas en seguridad y salud en el trabajo.

¿Qué debe hacer el empleador cuando detecte fraude?

El empleador debe informar a la Fiscalía el presunto fraude en el reconocimiento de incapacidades temporales y abuso del derecho, conforme al Decreto 780 del 2016, por actos o conductas presuntamente contrarias a la ley sobre el estado de salud del trabajador o datos falsos, que podrían constituir un peculado contra los recursos de la seguridad social y/o delito de falsedad, según el caso. 

El Plan de Desarrollo tenía un artículo sobre el tema, pero se cayó. ¿Se insistirá en ello?

El artículo 203 del Plan de Desarrollo era sobre incapacidades prorrogadas de manera indefinida. Por ahora, existen mecanismos legales que permiten establecer reglas sobre otorgamiento de incapacidades temporales, las cuales no pueden ser indefinidas.