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El jefe de la cartera laboral asegura que se presentará una reforma que sirva para reactivar el empleo y atender problemas estructurales, como el de la informalidad.

En abril de 2020, por cuenta de la pandemia del nuevo coronavirus, más de 5,3 millones de personas perdieron su trabajo en Colombia. Las cifras, al ser las peores en veinte años, han sido calificadas como muestra de una “catástrofe económica”. Inyectar recursos para que los hogares que perdieron sus ingresos se puedan sostener o ir reabriendo actividades económicas con medidas de bioseguridad son algunas de las ideas y peticiones que se han escuchado por parte de centros de estudios y gremios.

Para el Gobierno, es claro que la caída en el empleo es y será muy “dura”, y que, por tanto, es necesario tomar medidas para reactivarlo y resolver los problemas estructurales que esta situación ha dejado en evidencia con más fuerza que nunca. Por ejemplo, la informalidad, que antes de la pandemia rondaba ya el 50 %. Para esto, se presentará la “Misión de Empleo”, que entregará recomendaciones para una reforma laboral que será propuesta al Congreso de la República.

En entrevista con este diario, el ministro de Trabajo, Ángel Custodio Cabrera, asegura que han recibido más de 600 solicitudes para suspender contratos laborales por más de 120 días y trece para realizar despedidos masivos, pero que en ningún caso han sido aceptadas. Esto se debe a que el Gobierno confía en que los puestos de trabajo se pueden preservar agotando otras alternativas.

Se anunció el apoyo por parte del Gobierno en el pago de las primas (para quienes ganan hasta $1 millón). ¿Qué pasará con la gente que gana más que eso? Pues puede quedar la duda de si los empleadores quedan exentos de pagarla.

La prima es un derecho de los trabajadores y su pago debe ser honrado, no se puede eludir y menos el Gobierno auspiciarlo. Lo que hicimos fue ayudar a las empresas para que puedan cubrir el valor de la prima. Había que poner un parámetro, y es ayudar a los de salario mínimo, porque son los más vulnerables, y luego se aumentó hasta $1 millón. Lo que buscamos es entregar un valor a la bolsa con la cual se tienen que pagar las primas de todos los trabajadores. Estamos hablando de empresas o empleadores que tienen dificultades financieras, los que no han tenido esas dificultades deben pagar su prima, en junio y diciembre. Para quienes tienen dificultades, hay otras alternativas, como las financieras o concertar acuerdos entre empleadores y trabajadores, sobre pagar en dos o tres cuotas en el semestre, con el plazo máximo en diciembre.

¿Por qué en ese parámetro no se incluyó a las empleadas domésticas, cuyo derecho a la prima es algo en lo que el mismo Ministerio ha insistido que se respete?

Es una decisión que tomó el grupo macroeconómico, y por el número de posibilidades, no tenemos las cuentas, no sabemos cuánto es; es un poco complicado. Desde el Ministerio hemos venido acompañando al servicio doméstico con la OIT (Organización Internacional del Trabajo), hemos venido haciendo propuestas, mandamos el mensaje de que se le pague a la gente, lo están haciendo, y más que ayudar a la empleada doméstica, a ella se le tiene que pagar su prima; es el empleador el que tendría que recibir la ayuda, y por eso ayudamos a los profesionales independientes suspendiéndoles el pago de la pensión. Sin embargo, es un tema que estamos mirando y analizando.

Pero hay empleadores que han tenido que prescindir de los servicios de la empleada doméstica, entonces ¿qué posibilidad va a haber de pagar la prima?

Estamos mirando la situación, los profesionales independientes tienen una línea de crédito para cubrir sus necesidades; ha habido ayuda por todo lado, pero no podemos evaluar en ese punto muy concreto.

¿Cómo es la vigilancia de los acuerdos a los que el Ministerio ha llamado desde el principio de esta emergencia, teniendo en cuenta que empleador y trabajador no tienen igual poder de negociación?

Estamos viviendo una situación difícil. No es una situación normal. Es una situación crítica y esos acuerdos operan solamente para las empresas en dificultades, no es para las que les está yendo bien. El mensaje es: tenemos que preservar los empleos, por eso tiene que haber acuerdos. Bajo ese mensaje de solidaridad, de entre todos ayudarnos, podemos salir adelante. No faltará el caso de abuso, pero en ese caso el Ministerio de Trabajo estará atento para recibir las inquietudes y verificar esos acuerdos.

Frente a casos como el del Edificio Luz Marina, ¿el Ministerio ha emprendido investigaciones, y cuál es el llamado para los trabajadores que puedan estar viviendo abusos similares?

La dirección regional del Ministerio ya inició la investigación; como en cualquier investigación, obviamente, hay que procesar la información, hacer las entrevistas. Están en ese proceso, yo no intervengo ahí, pero el Ministerio está actuando. El mensaje es: respeto por el trabajador y los acuerdos no deben violar la Constitución ni las normas laborales. En casos como los que usted plantea, es urgente denunciar ante el Ministerio a través de la página web o del #120 a través del celular.

Respecto al trabajo en casa, hay trabajadores que están sintiendo el impacto de esta práctica en sus facturas de servicios públicos, por ejemplo. ¿Qué medidas de corto plazo está mirando para que ese tipo de costos no caigan sobre el trabajador que no está bajo el esquema formal de teletrabajo?

El trabajo en casa es una ayuda tanto al trabajador como al empleador. Si esa figura no hubiera existido, no sé qué hubiera pasado con tres millones de trabajadores o con más de un millón de empresas. Es un tema excepcional y temporal que estamos tratando de regular, de poner condiciones que no existían. Nadie sabe cuánto durará la cuarentena, ya sabemos que durará hasta agosto; por tanto, nos toca tomar medidas, en cuanto a las obligaciones del empleador, el respeto de los horarios, de los descansos y acompañando la parte de riesgos laborales.

Es decir, ¿podemos esperar regulaciones adicionales en la materia?

Sí, toca; estamos viendo si lo hacemos vía circular o decreto de emergencia. Lo estamos evaluando.

Esta situación ha puesto más que nunca en evidencia la gravedad de la informalidad, de no tener en cuenta la economía del cuidado en el sistema laboral y retos en materia de teletrabajo, entre otros. ¿Cree que todo eso deba ir incluido en una reforma laboral?

Esta situación nos obliga a replantear todo el sistema colombiano y por eso estamos creando la Misión de Empleo. La impulsaremos en los próximos días, convocaremos a todos los expertos, las diferentes opiniones, todo el mundo sentado, para entre todos hacer recomendaciones al Gobierno. Presentaremos lo que sea necesario ante el Congreso de la República.

¿En el segundo semestre de este año?

Depende de lo que nos digan los expertos. Todo pasará por la Misión de Empleo. El Gobierno la coordinará y los expertos recomendarán al Gobierno lo que tenemos que hacer en materia de empleo, cómo lo podemos reactivar.

Para usted, como ministro, ¿cuáles serían los puntos fundamentales de la reforma laboral?

La caída del empleo será muy dura, y para nosotros lo más importante es el tema de informalidad, es lo más delicado. Veníamos trabajando el tema de seguridad social, pero cómo logramos que veinte millones de informales ingresen a la formalidad; eso tiene que pasar por una reforma laboral.