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El ministro del Trabajo, Ángel Custodio Cabrera Báez, rechaza tajantemente este acto indignante y denigrante al que están siendo expuestas mujeres y niñas de la comunidad indígena Wayúu, vistas y utilizadas como mercancías y objeto sexual, cosificando y poniéndole precio a su cuerpo.

La violencia sexual es un acto aberrante, humillante y degradante que atenta y vulnera derechos como la dignidad, integridad, intimidad, autonomía y la formación sexual, entre otros.
“Ninguna práctica cultural o ejercicio periodístico puede justificar este delito. Por esto, todo el peso de la ley debe caer sobre las personas que lo perpetúan o incentivan, y en este sentido estos hechos deben ser investigados y castigados severamente”, manifestó el Jefe de la cartera laboral.

“No podemos naturalizar este delito, las víctimas no son responsables, no son ellas quienes propician estas situaciones de agresión física y psicológica que padecen. En el caso de las niñas, somos nosotros los adultos llamados a brindarles protección ante estas vulneraciones. Así mismo, los derechos de las mujeres no pueden ser vulnerados bajo ninguna circunstancia”, aseguró el ministro Cabrera.

La explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes es una forma extrema de violencia y abuso comparable a la tortura por parte de un adulto que lo utiliza basándose en una relación desigual de poder.

Lamentablemente no siempre estos hechos llegan a conocimiento de las autoridades y la magnitud real de esta problemática no se conoce en su totalidad, ya que por su naturaleza delictiva sucede en gran parte en escenarios de ilegalidad y clandestinidad, expresó el ministro.
El llamado es: “a que todos debemos evitar la legitimación y naturalización de estas formas de violencia sexual y de género que viene aumentando y que el Estado como garante de derechos de niñas, niños, adolescentes y mujeres del país, y en ese propósito activo, necesita articularse bajo el principio de la corresponsabilidad entre otras entidades, la sociedad, las familias y sus comunidades”, dijo.

La actuación de los diferentes sectores y agentes públicos y privados fortalecerá el cumplimiento de dicho propósito, particularmente si converge en el desarrollo y fortalecimiento de políticas públicas y estrategias que permitan la protección integral y diferencial de la mujer, la infancia y la adolescencia colombiana.

El Ministerio del Trabajo estará atento a las decisiones que orienten los entes de control y en ejercicio de sus investigaciones y decisiones institucionales, se establezcan las sanciones y medidas de restitución de derechos de los niños, niñas y adolescentes, para articular de manera interinstitucional la protección de la niñez y adolescencia de las comunidades étnicas por una vida libre de violencia.